Tu hijo se niega a ir con su padre o su madre: ¿hay que obligarlo?

Cuando unos padres se separan cambian muchas cosas en la vida de un niño. Aparecen dos casas, dos habitaciones, fines de semana alternos, vacaciones repartidas y una mochila que empieza a viajar más que algunos adultos.

La mayoría de los niños acaba incorporando esta nueva organización a su vida. Con mayor o menor facilidad, aprenden que determinados días duermen aquí y otros allí. Pero algunas familias se encuentran, en algún momento, con una situación bastante más complicada.

—No quiero ir.

Puede decirlo mientras preparamos la mochila. En el ascensor. Cuando oye el timbre. Puede empezar a llorar cuando llega su padre o su madre, encerrarse en la habitación o negarse directamente a subir al coche.

Y entonces llegan las preguntas de los adultos: ¿tengo que obligarlo?, ¿puede decidir que no va?, ¿qué hago si se niega de verdad?, ¿es lo mismo si tiene cinco años que si tiene quince?, ¿estoy incumpliendo el régimen de visitas si finalmente no consigo que se marche?, ¿debería llamar a la Policía para dejar constancia?

No hay una respuesta que sirva para todas esas situaciones. Antes de preguntarnos cómo conseguimos que vaya, hay otra pregunta bastante más importante:

¿Por qué no quiere ir?

Lo primero: ¿qué dice la ley?

Si existe una resolución judicial que establece un régimen de estancias o visitas, ninguno de los progenitores puede decidir por su cuenta dejarlo sin efecto. El artículo 94 del Código Civil atribuye a la autoridad judicial la determinación del tiempo, modo y lugar en que se desarrollan esas visitas y estancias, así como la posibilidad de limitarlas o suspenderlas cuando concurran determinadas circunstancias.

Por tanto, que un niño diga «no quiero ir» no significa que automáticamente deje de aplicarse el régimen establecido.

Pero tampoco significa que podamos ignorar lo que está diciendo.

La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor reconoce expresamente su derecho a ser oído y escuchado, teniendo en cuenta su edad y madurez. Y aquí aparece una de las confusiones que escuchamos con cierta frecuencia: cumplir 12 años no otorga al niño un supuesto derecho a decidir si va o no va con uno de sus progenitores.

A partir de esa edad la ley considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez para ejercer su derecho a ser escuchado. Antes de los 12 años también puede ser escuchado si posee madurez suficiente.

Parece una diferencia pequeña, pero no lo es.

Escuchar a un niño no significa entregarle la responsabilidad de decidir.

Antes de hacer nada, intentemos entender qué ocurre

Un niño puede decir que no quiere ir por muchísimos motivos.

A veces son muy sencillos: estaba jugando, tiene un cumpleaños, no quiere dejar su habitación, le cuesta cambiar continuamente de casa o simplemente ese día está enfadado.

Los niños pequeños, además, pueden vivir con mucha intensidad las transiciones. Pueden llorar cuando se separan de uno de sus padres y, diez minutos después, estar jugando tranquilamente con el otro.

Otras veces hay algo más. Puede existir un conflicto con ese progenitor, dificultades con una nueva pareja, problemas con otros niños de la familia, deterioro de la relación, miedo o alguna experiencia que necesitemos conocer.

Y también existe una situación especialmente delicada: el niño que ha quedado atrapado en el conflicto entre sus padres y siente que estar bien con uno significa traicionar al otro.

Por eso un «no quiero ir» no debería interpretarse automáticamente como un capricho. Pero tampoco como la demostración de que algo malo sucede en casa del otro progenitor.

Hay que escuchar sin buscar una respuesta determinada.

No es lo mismo preguntar:

«¿Hay algo que te preocupa de ir?»

que:

«¿Verdad que no quieres ir con papá?»

En la segunda pregunta prácticamente hemos incluido la respuesta.

El intercambio empieza antes de que suene el timbre

Especialmente con los niños pequeños, la forma de preparar el cambio de casa importa.

Necesitan saber qué ocurrirá: hoy te recoge mamá, dormirás allí dos noches y el domingo volverás. La mochila preparada, una despedida tranquila y, siempre que sea posible, ningún conflicto entre adultos en ese momento ayudan bastante más que una larga negociación en la puerta.

Hay una pregunta que conviene evitar:

—¿Quieres ir con mamá?

—¿Quieres ir con papá?

Si existe un régimen establecido, no le estamos ofreciendo un plan alternativo para esa tarde. Y, además, podemos colocar al niño ante una elección que nunca debería corresponderle: elegir entre sus padres.

Ha llegado la hora. Y no quiere ir

Aquí empieza la parte difícil.

Llega el otro progenitor y el niño se niega. Llora, se agarra a quien está con él, se encierra o dice claramente que no piensa marcharse.

¿Qué hacemos?

Pues depende. Y depende muchísimo de la edad.

Cuando tiene 3, 4 o 5 años

A estas edades los adultos seguimos dirigiendo la situación. Que un niño llore porque no quiere separarse no significa necesariamente que rechace al progenitor con quien va a quedarse.

Hay que tranquilizarlo, explicarle lo que ocurrirá y facilitar la transición con naturalidad. No podemos convertir cada rabieta ante un cambio de domicilio en una decisión sobre el régimen de visitas.

Ahora bien, una cosa es acompañar una protesta y otra muy distinta iniciar un forcejeo.

Si aparece un miedo desproporcionado, una reacción extraordinariamente intensa o la situación se repite una y otra vez, habrá que intentar averiguar qué está ocurriendo.

Entre los 6 y los 11 años

Aquí ya podemos obtener mucha más información.

Una negativa ocasional puede continuar siendo simplemente eso: un día en que no le apetece ir. Pero cuando empieza a repetirse merece nuestra atención.

¿Desde cuándo ocurre? ¿Ha pasado algo? ¿Le sucede antes de todas las visitas? ¿Está tranquilo una vez allí? ¿Cómo vuelve? ¿Aparecen dolor abdominal, cefalea, dificultades para dormir, ansiedad o cambios de comportamiento coincidiendo con esos días?

No necesitamos convertir la cocina de casa en una sala de interrogatorios. Necesitamos escuchar y observar.

¿Y si tiene 12, 14 o 16 años?

Aquí las cosas cambian bastante.

No porque el adolescente pueda abolir unilateralmente el régimen de visitas, sino porque ya tiene capacidad para explicar qué quiere, qué no quiere y, sobre todo, por qué.

Un adolescente de 15 años que mantiene una oposición firme y razonada no es un niño de cuatro que llora al separarse. Pretender solucionar esa situación agarrándolo físicamente y metiéndolo en un coche probablemente no solucionará nada.

A esas edades, si la negativa es persistente, el problema ya no está en la puerta de casa. Hay que averiguar qué ocurre y, si es necesario, trasladarlo al ámbito profesional o judicial para revisar la situación.

¿Y qué hacemos si ese día no hay manera?

Esta es posiblemente la pregunta que más preocupa a los padres.

El progenitor que tiene al niño debe facilitar el cumplimiento de lo establecido. Eso significa tenerlo preparado, favorecer que se marche, no reforzar su negativa y, desde luego, no aprovecharla para impedir su relación con el otro progenitor.

Pero facilitar no significa utilizar cualquier medio.

Si, pese a todo, existe una oposición extrema, especialmente en un niño mayor o adolescente, convertir la entrega en una pelea física difícilmente va a mejorar la situación.

Ese día puede que no consigamos resolver el problema.

Lo importante será qué hacemos después.

¿Llamamos a la Policía?

No como norma.

No existe una obligación general de llamar a la Policía o a la Guardia Civil cada vez que un menor se niega a realizar una visita.

Y deberíamos pensarlo bien antes de convertir una escena que ya es angustiosa en otra todavía más impresionante para el niño: él llorando en la puerta y, de repente, apareciendo unos agentes porque no quiere marcharse con su padre o con su madre.

La Policía no debe utilizarse para asustar al niño ni como una herramienta para conseguir que obedezca.

Otra cosa completamente diferente es que durante el intercambio aparezcan violencia, amenazas, riesgo para alguno de los presentes o cualquier situación que requiera protección inmediata. En ese momento ya no estamos hablando simplemente de un niño que no quiere ir.

También puede haber casos en los que una resolución judicial haya establecido determinadas condiciones para las entregas o estas se realicen mediante un punto de encuentro familiar. Evidentemente, habrá que seguir lo establecido en cada caso.

Pero necesito demostrar que yo sí intenté cumplir

Es comprensible.

Especialmente cuando la relación entre los progenitores es mala, inmediatamente aparece otro miedo: «Ahora dirá que he sido yo quien no ha querido entregárselo».

Documentar lo sucedido puede ser razonable. Pero documentar no significa necesariamente llamar a la Policía.

Podemos dejar constancia escrita y objetiva de la incidencia: fecha, hora, lugar, que el otro progenitor acudió a la recogida, que el niño estaba preparado si efectivamente lo estaba y qué ocurrió finalmente.

Hechos.

No interpretaciones.

No hace falta escribir que «su madre le ha manipulado» o que «su padre le ha lavado el cerebro» si no tenemos ninguna forma de demostrarlo.

Y mucho menos necesitamos convertir al niño en nuestra prueba.

Grabarlo mientras llora o ponerle un teléfono delante para que explique por qué no quiere ir quizá consiga un vídeo. No estoy tan seguro de que consiga ayudar al niño.

Si estas situaciones empiezan a repetirse, entonces sí conviene buscar asesoramiento jurídico y valorar si corresponde ponerlo en conocimiento del juzgado, solicitar la ejecución de las medidas existentes o plantear su modificación.

Hay un momento en que esto deja de ser un problema de visitas

Y es importante reconocerlo.

Si un niño explica que tiene miedo porque ha sufrido violencia, maltrato, abuso sexual, amenazas o cualquier situación que pueda poner en riesgo su integridad, ya no estamos ante el típico:

—Hoy no quiero ir.

Estamos ante una posible situación de protección.

Y la prioridad cambia.

En esos casos será necesario valorar al menor y activar, según la situación y su urgencia, los recursos sanitarios, sociales, policiales o judiciales correspondientes.

No debemos concluir automáticamente que todo relato es cierto ni decidir nosotros quién tiene razón. Pero tampoco podemos ignorarlo.

Y algunas veces todo esto llega a la consulta del pediatra

No siempre llegan diciendo:

—Mi hijo no quiere cumplir el régimen de visitas.

A veces llegan por un dolor de barriga que aparece todos los viernes.

Por cefaleas.

Porque duerme mal.

Porque está más irritable.

Porque tiene ansiedad.

Y, cuando llevamos un rato hablando, aparece la mochila que va de una casa a otra.

El pediatra no está para decidir quién debe tener la custodia ni para determinar cuál de los progenitores tiene razón. Pero sí podemos escuchar al niño, valorar cómo está, detectar señales de alarma y dejar constancia de hechos clínicos objetivos cuando existan.

Y, si la situación lo requiere, recomendar una valoración psicológica o activar los mecanismos de protección correspondientes.

Algunas cosas que deberíamos evitar

No pedirle que elija entre sus padres.

No utilizar un «pues si no quieres, no vayas» como solución.

Pero tampoco resolverlo con un «vas porque lo ha dicho un juez y punto».

No amenazar con llamar a la Policía.

No grabar su angustia para fabricar una prueba.

No hablar mal del otro progenitor delante de él.

Y, sobre todo, no dejar pasar durante meses una negativa persistente sin preguntarnos qué hay detrás.

Entre cumplir y escuchar

Probablemente ahí está el equilibrio más difícil.

Los adultos tienen que respetar las decisiones judiciales. Los niños tienen derecho a relacionarse con ambos progenitores siempre que esa relación no perjudique su bienestar. Y también tienen derecho a ser escuchados.

No son ideas incompatibles.

Por eso, cuando un niño dice una tarde:

—No quiero ir.

quizá la primera pregunta no debería ser cómo conseguimos meterlo en el coche.

La primera debería ser:

¿Por qué?

Después habrá que actuar.

A veces bastará con acompañarlo, tranquilizarlo y ayudarle a realizar una transición que ese día no le apetece demasiado.

Otras veces habrá que escuchar con más atención y pedir ayuda.

Y habrá situaciones en las que los adultos tendrán que volver al juzgado para modificar aquello que ya no está funcionando.

Pero deberían ser precisamente eso: los adultos quienes lo resuelvan.

Porque escuchar a un niño no significa hacerle responsable de decidir sobre su custodia.

Significa permitir que su voz importe sin obligarle a cargar con las decisiones de sus padres.